El estallido de dos coches bomba la noche del miércoles 30 y la madrugada del 31 de agosto han enmudecido al país porque Quito, la capital de Ecuador, había estado al margen de hechos de este nivel de violencia, como sí ha ocurrido en Esmeraldas y Guayaquil, por lo que las autoridades han reaccionado para calmar a la población y anunciar medidas adicionales para garantizar su seguridad.
En unas primeras declaraciones, el director de Inteligencia de la Policía Nacional, Pablo Ramírez, dijo que presumen que las detonaciones tendrían relación con el traslado desde la cárcel de Cotopaxi, en la sierra central, a la de máxima seguridad La Roca, cerca de Guayaquil, de un cabecilla del crimen organizado conocido como «Gordo Lucho»; mientras que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo haberse comunicado con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para coordinar acciones. Se mostró consternado.
Hasta ahora, hay seis personas detenidas, cinco ecuatorianos y un colombiano, relacionados con la primera explosión ocurrida a las 8 de la tarde del miércoles en el sector de La Mariscal del centro de la urbe, sin que se registraran víctimas; eso sí, el estallido causó pavor en los habitantes de la zona y entre aquellos que caminaban por el área que fueron quienes grabaron vídeos de lo sucedido.
Una segunda explosión, a las dos de la mañana de este jueves, se produjo en la avenida 12 de octubre, frente a la universidad Salesiana, sin víctimas que lamentar. Se trató de una camioneta de color rojo, que fue abandonada con dos cilindros de gas en su interior; además la Policía ha dado a conocer que encontraron tres granadas. Las dos explosiones han ocurrido cerca de instalaciones del SNAI, la oficina que maneja las cárceles del país.
De los seis detenidos mientras se trasladaban en un coche denunciado como robado, tres registran antecedentes por asesinato, robo y extorsión, pero fueron puestos en libertad con medidas sustitutivas, apenas 15 días atrás, después de haber sido detenidos por el robo de un camión y por secuestros, lo que ha indignado a la ciudadanía porque los jueces están en entredicho porque la Policía detiene a los infractores, pero los jueces los liberan.
