Existe un plan para asesinar al presidente electo de Guatemala. Un documento de 21 páginas firmado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha revelado lo que muchos temían tras el repentino crecimiento y sorpresivo triunfo del progresista Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales más caóticas y polémicas de los últimos diez años: miembros coordinados de grupos armados planean evitar la toma de poder del nuevo presidente, aunque eso implique asesinarlo.
La CIDH —un órgano internacional y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA)— ha dicho que otorgará medidas cautelares a favor del presidente y la vicepresidenta electa, Karin Herrera. La decisión del órgano internacional busca proteger al binomio presidencial electo apenas hace cuatro días, el domingo 20 de agosto. La Comisión también ha solicitado urgentemente al Estado de Guatemala la aplicación de medidas de seguridad más extremas para resguardar a los mandatarios electos.
En un comunicado, la CIDH asegura que ve con preocupación la información sobre un posible plan en contra de la vida e integridad de las dos personas beneficiarias (Arévalo y Herrera), que fue notificado formalmente por integrantes del Ministerio Público (MP), sin información sobre las acciones adoptadas al respecto». Por esa razón, la Comisión ha solicitado al Estado de Guatemala que «adopte las medidas necesarias» para proteger la vida e integridad personal de Arévalo y Herrera, y que les informe sobre las investigaciones que lleve a cabo, para esclarecer el hecho y evitar otro posible plan.
Crónica de un plan mortal
La noche del 20 de agosto, cuando cientos de guatemaltecos celebraran en las principales plazas del país el triunfo del partido de centroizquierda Semilla en la elección presidencial, un grupo de fiscales del MP llegó a un hotel de la Ciudad de Guatemala, en donde los dirigentes del partido celebraban la victoria. Cuatro fiscales de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión pidieron una reunión privada con el presidente electo. Habían pasado apenas unas horas desde que el partido había proclamado la victoria en las urnas.
De acuerdo con la CIDH, que tuvo acceso al acta que hace constar la reunión, la Fiscalía le informó a Arévalo que había obtenido «información privilegiada, relacionada a estructuras criminales de pandillas», que podía poner en riesgo su vida e integridad física. Los fiscales habrían instado al presidente electo a que «tomara las medidas de seguridad que considerara pertinentes», y le habría indicado que la Dirección General de la Policía Nacional Civil también tenía ya conocimiento del caso. Pero la existencia del plan, sin embargo, se remontan a principios del mes de julio.
La CIDH harevelado que el equipo de seguridad del presiente electo tenía «cierta información sobre un plan de asesinato desde el 4 de julio de 2023», tan solo unos días después de la primera vuelta electoral que se llevó a cabo el 25 de junio y en la que el candidato de Semilla pasó a segunda vuelta, contra todo pronóstico. El 9 de agosto de 2023, tras el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, integrantes del partido político denunciaron que en redes sociales, usuarios calificados como netcenters —cuentas manejadas por bots— «habrían comentado la noticia de Ecuador preguntando retóricamente cuándo sería el turno del semillero», haciendo alusión a Bernardo Arévalo. Seis días después, el 15 de agosto, y según la información divulgada por la CIDH, los mismos denunciantes informaron que el equipo de seguridad de Arévalo había recibido nueva «información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares». Esta vez, habían investigado el nombre del plan macabro: «Colosio», que hace referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994.
Los denunciantes alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para asesinar a su candidato. Según los miembros del partido, tales fuentes que no se conocen entre sí. El martes 22 de agosto, Arévalo y Semilla suspendieron la celebración del triunfo electoral que iba a realizarse en horas de la tarde, en la plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala. Fuentes informan que tienen «sospechas» de que el plan iba a ejecutarse allí, en esa celebración.
«Ahora, tras la filtración de la CIDH, todo la cancelación tiene una explicación más profunda y todo parece indicar que el plan es real», ha asegurado una de las fuentes, cercanas al partido.
Otras denuncias de amenazas
De acuerdo con la CIDH, Semilla y otras organizaciones sociales han presentado al menos 22 denuncias, amparos y otras acciones legales para intentar detener la alegada persecución política en su contra. El partido ha denunciado a organizaciones que califica como «neofacistas» y de «extrema derecha», por promover campañas de desinformación en su contra y a ejércitos de cuentas anónimas en redes sociales que han amenazado de muerte a los miembros del partido y que, además, obtienen información privilegiada del Ministerio Público que dirige la amiga del presidente Alejandro Giammattei y fiscal general Consuelo Porras; quien ha sido incluida por el gobierno estadounidense en la Lista Engel, que cataloga a sus miembros como actores antidemocráticos y corruptos.
Además de las amenazas contra el presidente electo, el partido político ha emprendido una lucha titánica contra la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que dirige el fiscal Rafael Curruchiche —también incluido por el gobierno estadounidense en la Lista Engel— y que tiene como objetivo cancelar la personería jurídica del partido ganador de las elecciones. Las razones que ha dado la fiscalía provienen de un supuesto caso de «adhesión ilícita» a miembros para la constitución del partido, en 2014. Sin embargo, juristas y analistas políticos guatemaltecos han explicado que el caso se trata de una persecución política disfrazada de tecnicismos jurídicos para evitar, a toda costa, que el partido Semilla se haga con el poder el 14 de enero, cuando el presidente Giammattei entregue el poder.
