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“El proyecto de “ley de extranjería”, un texto de gran gravedad para los derechos fundamentales”

lEl 11 de diciembre deberá discutirse en la Asamblea Nacional un texto de gran seriedad para los derechos fundamentales de los extranjeros. Nada más ser presentado por el Gobierno advertí de los numerosos ataques a los derechos y libertades incluidos en el proyecto de ley. “para controlar la inmigración, mejorar la integración”. La escalada demagógica durante los debates parlamentarios, particularmente en el Senado, los ha agravado desafiando las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado.

En primer lugar, en nombre del objetivo legítimo de salvaguardar el orden público y luchar contra la inmigración irregular, el proyecto de ley elimina numerosas garantías previstas actualmente para proteger los derechos fundamentales de los extranjeros. También aumenta, con una aceptación especialmente amplia del orden público, las posibilidades de denegación o retirada del derecho de estancia, incluso para las personas que no han sido objeto de ninguna condena penal. De este modo, la expulsión de extranjeros quedaría en gran medida a discreción de la administración, a riesgo de multiplicar las decisiones arbitrarias.

El grave debilitamiento resultante del derecho de residencia sería tanto más preocupante cuanto que se reduce el derecho a un juez. En particular, la reforma del litigio prevista por el proyecto mantiene, en muchos casos, plazos de apelación extremadamente cortos, lo que de hecho complica el acceso al juez.

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En segundo lugar, el texto apoya la idea, aunque refutada por numerosos estudios, según la cual unas condiciones de acogida «demasiado favorables» fomentaban la inmigración irregular o la instalación duradera de extranjeros en el territorio. Omnipresente en el debate parlamentario, este discurso empujó al legislador a considerar restricciones a numerosos derechos, en particular para las personas especialmente vulnerables.

Áreas de menores derechos

Pienso en primer lugar en el derecho de asilo, con la multiplicación de posibilidades de rechazar solicitudes sin examen en cuanto al fondo, junto con una ampliación del procedimiento de juez único ante el Tribunal Nacional de Asilo. Pienso luego en el derecho de estancia de los extranjeros enfermos, reservado a los casos en que el tratamiento requerido no existe en el país de origen sin verificar de otro modo las posibilidades de acceso efectivo al tratamiento. Esta disposición conduciría a una clara reducción de las admisiones de estancia por motivos asistenciales, en detrimento de la salud de las personas afectadas, aunque este motivo de admisión de estancia representa una ínfima parte de los permisos de residencia expedidos (en torno al 1,5%).

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By Luis Morales

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