Estalla un choque entre el Gobierno de Giorgia Meloni y el poder judicial por la sentencia de un tribunal de Catania que obstaculiza la repatriación de inmigrantes. Se trata de una «sentencia ideológica», argumentó la coalición de derechas. Inmediatamente después de Catania, otro tribunal de Florencia ha dictado una sentencia similar, lo que supone un duro golpe a uno de los pilares fundamentales de la política migratoria del Gobierno Meloni, como es la repatriación de los inmigrantes irregulares.
El tribunal de Catania (Sicilia), presidido por la jueza Iolanda Apostolico, rechazó el pasado viernes la disposición del comisario de policía de Ragusa que ordenó la detención de tres tunecinos en el Centro de retención y repatriación de inmigrantes de Pozzallo, en la provincia siciliana de Ragusa. La jueza ordenó la libertad de los inmigrantes, al considerar a Túnez un país inseguro y no aplicable el llamado decreto Cutro (aprobado en marzo pasado, para endurecer la política migratoria), cuestionando su legitimidad constitucional.
Mientras el vicepresidente Matteo Salvini atacó la sentencia, afirmando que «sirve una reforma de la justicia», Giorgia Meloni enfureció con algunas de las motivaciones de la jueza Apostolico y ha lanzado un ataque en su página de Facebook, aunque ella niega un enfrentamiento con la magistratura: «Me ha sorprendido la sentencia del juez de Catania, que con motivos increíbles (‘las características físicas del migrante -particularmente las líneas de las manos-, que los buscadores de oro en Túnez consideran favorables para el ejercicio de su actividad’) deja en libertad a un inmigrante ilegal, que ya tiene una orden de expulsión, declarando unilateralmente a Túnez país inseguro (tarea que no incumbe al poder judicial) y arremetiendo contra las medidas de un gobierno elegido democráticamente«, escribió Meloni en el post. La jueza replicó con una declaración a la agencia Ansa:«No quiero entrar en la polémica, ni en el fondo del asunto. Mi disposición puede ser impugnada con un recurso ante el Tribunal Supremo, no tengo que defenderla. No es parte de mis deberes. Una cuestión jurídica no debe transformarse en un asunto personal».
Perfil de la jueza
Algunos periódicos del área de la coalición de derechas indagaron en el perfil de la jueza Apostolico, en busca de huellas de izquierda. Destacaron dos datos: la jueza siguió a la ONG Open Arms en Facebook y compartió campañas de ‘Potere al Popolo’ (‘Poder al Pueblo’), el mismo movimiento político con el que se solidariza su pareja. ‘Potere al Popolo’ fue fundado en el 2017 como coalición de partidos y grupos políticos, describiéndose así en su programa: perteneciente a la izquierda social y política, antiliberal y anticapitalista, comunista, socialista, ecologista, feminista, laico, pacifista, libertario y meridional. La jueza Apostolico acabó haciendo inaccesible su perfil en las redes sociales, aclarando a sus colegas de la magistratura: «La mía no es una decisión política en absoluto, tomé mis decisiones sólo en base a la ley».
Las críticas de la oposición contra Giorgia Meloni fueron muy duras, comenzando por la líder del Partido Democrático, Elly Schlein: «Meloni debe dejar de alimentar el enfrentamiento institucional que está dañando al país. Tiene que abandonar el buscar un enemigo cada día para ocultar sus responsabilidades. Si buscan a los responsables del desastre de la acogida de inmigrantes, deberían mirarse en el espejo». También reaccionó con malestar la Asociación Nacional de Magistrados, recogiendo firmas en apoyo de la jueza Apostolico y con una declaración contra Meloni, destacando que su ataque daña la autonomía de la magistratura y «perjudica a las instituciones».
Túnez no es un país seguro
Después del caso de Catania, el martes se conoció otra sentencia similar en Florencia. Un tribunal de la capital de Toscana anuló la expulsión de un inmigrante tunecino al que el Ministerio del Interior había negado el estatuto de refugiado, decidiendo su repatriación por considerar Túnez «un país seguro». En cambio, el tribunal de Florencia suspende la medida del Ejecutivo, con el argumento de que Túnez no es un país seguro: no respeta la democracia, el Estado de derecho, la separación de poderes, ni los derechos humanos. Los jueces basan su sentencia en el artículo 10 de la Constitución italiana: «El extranjero que se encuentre impedido en su país del ejercicio efectivo de las libertades democráticas garantizadas por la Constitución italiana, tiene derecho de asilo en el territorio de la República, según las condiciones establecidas por la ley». El ministro de Justicia, Carlo Nordio, asegura que existen «razones técnicas fundadas» para impugnar las sentencias de Catania y Florencia.