La colaboración reciente entre dos importantes compañías de seguros para edificar hospitales ha generado discusión sobre su posible efecto en la competencia del sector salud. La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha enviado un documento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidiendo que se evalúe este acuerdo por una potencial posición dominante. Esta circunstancia ha centrado el debate en la regulación, la estructura de mercado y los impactos de estas asociaciones en la industria sanitaria.
La reciente alianza entre dos destacadas aseguradoras para la construcción de hospitales ha generado un debate sobre su posible impacto en la competencia del mercado sanitario. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha presentado un escrito a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) solicitando que este acuerdo sea revisado debido a una posible posición de dominio. Esta situación ha puesto en el centro del debate la regulación, la estructura de mercado y los efectos de este tipo de colaboraciones en el sector sanitario.
Las dos aseguradoras en cuestión han anunciado la construcción de un hospital en Palma de Mallorca, conocido como Hospital Portitxol, y otro en Barcelona. Según ASPE, dichas operaciones deberían estar sujetas a la autorización previa de la CNMC, ya que ambas empresas superan los umbrales establecidos en la normativa de competencia por volumen de negocio. Además, ASPE señala que estas aseguradoras son dos de los cinco principales operadores del sector de seguros sanitarios en España. En conjunto, estas cinco compañías concentran el 71 % del mercado, lo que refuerza la necesidad de una supervisión más estricta.
Hoy en día, el mercado de seguros de salud en España se encuentra muy centralizado. Una de las compañías aseguradoras implicadas se ubica en la segunda posición en cuanto a cuota de mercado, con un porcentaje que oscila entre el 20 % y el 30 %, mientras que la otra se posiciona en el cuarto lugar con cerca del 10 %. Este grado de centralización ha llevado a ASPE a alertar sobre los posibles peligros de que estas empresas ejerzan una influencia desmedida en el sector.
Por otro lado, las aseguradoras han manifestado que sus iniciativas se ajustan a las regulaciones de competencia y que las operaciones fueron informadas a la CNMC previo a su divulgación pública. Alegan que los hospitales a construir brindarán servicios a pacientes de todas las aseguradoras, además de atender a pacientes privados. También enfatizan que estos proyectos están dirigidos a áreas con poca infraestructura asistencial, como Palma y Barcelona, lo que ayudará a ampliar la oferta de servicios de salud en esas regiones.
El hospital en Palma de Mallorca tendrá una superficie superior a los 15,000 metros cuadrados y se llevará a cabo en colaboración con Azora, quien será la propietaria del edificio. Las aseguradoras se encargarán de operar el hospital bajo un acuerdo de arrendamiento, con una inversión total que supera los 63 millones de euros. Se estima que el centro comenzará a operar en 2029.
Indagación por conductas anticompetitivas
Investigación por prácticas anticompetitivas
Paralelamente a esta situación, la CNMC ha abierto un expediente para investigar a una de las aseguradoras por un acuerdo firmado con otra compañía del sector, relacionado con la gestión de servicios asistenciales y el pago a centros hospitalarios. Según la información disponible, este acuerdo podría haber provocado una reducción en las remuneraciones a los centros sanitarios, lo que ha generado inquietud en el sector. En concreto, las denuncias señalan que desde su entrada en vigor en enero de 2023, las remuneraciones han disminuido en un promedio del 20 %.
ASPE, que presentó la denuncia inicial, ha señalado que estos acuerdos podrían estar vulnerando la Ley de Defensa de la Competencia, al establecer condiciones unilaterales que afectan negativamente a los operadores de la sanidad privada.
